Por Itzel Ramírez para La Verdad Juárez y Border Hub*
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, preso y acusado de corrupción y peculado, recibió un regalo del gobierno de María Eugenia Campos Galván: la cancelación de más de 34 millones de pesos de impuestos a una empresa que pertenece a su familia y que forma parte de la red que el político usó para desviar millones de pesos de dinero público.
Fue el 15 de febrero de 2022, a cuatro meses de iniciado el actual gobierno, encabezado por Campos, cuando la Secretaría de Hacienda de Chihuahua oficializó la cancelación de tres adeudos fiscales a la empresa Hidroponia de Parral SA de CV por un total de 34 millones 238 mil 754.8 pesos en tres operaciones: una por 34 millones 204 mil 14.8 pesos (por contribuciones federales) y dos más por 17 mil 370 pesos cada una, ambas a razón de multas, como se observa en el registro oficial de contribuyentes.
Al momento de la cancelación, Duarte esperaba su extradición a México, luego de que tres meses antes una corte estadounidense determinara que había elementos para creer que había cometido delitos de conspiración y malversación de recursos públicos.
Para el 2 de junio de 2022, cuando Duarte fue entregado por Estados Unidos a las autoridades mexicanas -y posteriormente ingresado al penal de Aquiles Serdán en Chihuahua, donde ha estado desde entonces-, ya estaba consumada la cancelación de los adeudos de la empresa en la que se desempeñó como consejero a partir de 2005, un año después de que fuera fundada por su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Documentos inscritos en el Registro Público de Comercio indican que en noviembre de 2004, Gómez Fong dio de alta la empresa junto a sus socios José Luis Martínez Aguilera y Alma Dalila Martínez Corrujedo.
Aunque oficialmente Duarte no aparece entre los socios de la empresa, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) han identificado a Hidroponia de Parral como una compañía que fue parte de la red encabezada por el exmandatario para distraer recursos públicos.
Para el abogado y activista Jaime García Chávez, esta cancelación es una muestra más de la protección que desde el gobierno se le da a Duarte.
“¿Cómo es posible que a los que saquearon Chihuahua les perdonen impuestos?, esta es una más de las complicidades de María Eugenia Campos a César Duarte porque dispensarles pagos fiscales en operaciones de corrupción es una corrupción prácticamente doble, porque debieran estar, en todo caso, incautando esos bienes, porque tienen origen en la riqueza pública, en el erario”, dijo García Chávez en entrevista.
García Chávez, uno de los primeros personajes en señalar los actos de corrupción cometidos durante el duartismo, criticó la manera en la que las autoridades hacendarias perdonan impuestos a una empresa ligada a la corrupción.
“El Estado tiene que luchar hasta el final por hacer el cobro, así como lo hace con todos los causantes menores en Chihuahua, en el caso de Duarte, es inadmisible (la cancelación) porque hay una red de corrupción que presenta, se puede demostrar en la evolución patrimonial de su gente cercana; hay de dónde rescatar ese dinero”, agregó.
De acuerdo con el abogado, esta medida es parte de la estrategia que, desde el poder público, busca dejar libre al exmandatario.
“Me parece que es otra de las formas en las que se está cocinando el cambio de medida precautoria de Duarte para irlo sacando de prisión. La colusión, la complicidad de este gobierno con César Duarte, es más que evidente; los gobiernos del PAN han sido más que benignos, han sido tolerantes de la corrupción duartista, que es algo en lo que debieran ser inflexibles”, mencionó García Chávez.
Juan Carlos Mendoza, abogado del exmandatario, se negó a dar una entrevista sobre el tema.
En días pasados, el defensor dijo a medios de comunicación que debido a que el próximo 2 de junio se cumplirán dos años desde la llegada de Duarte a una prisión mexicana y todavía no existe una sentencia, pedirá que le sea cambiada la medida cautelar para que enfrente en libertad los procesos penales en su contra.
“El dueño de la tiendita soy yo”
Además de ser acusado de entregar dinero del erario al PRI nacional, a políticos, empresarios, líderes religiosos, periodistas y funcionarios públicos, César Duarte Jáquez creó una red de compañías que funcionaban como fachada para favorecerle a él y a su familia, según se desprende de las investigaciones de la FGE, a las que tuvo acceso La Verdad.
“(Se trata de una) estructura, encabezada por el exgobernador, dedicada a aprovecharse de los recursos públicos estatales para beneficio propio. Que se operó a través de una organización integral que se consolidó a partir del dos mil doce”, detalló la FGE en una de las órdenes de aprehensión libradas contra Duarte y entregadas a las autoridades de Estados Unidos para el juicio de extradición.
La FGE detectó que el patrimonio de Duarte y de sus cercanos se había incrementado considerablemente para cuando terminó la administración del exgobernador, gracias a una estructura conformada por tres niveles.
El primer nivel, describió la fiscalía, era integrado por titulares de las secretarías y equivalentes, quienes participaban en el diseño de políticas públicas y programas de gobierno.
Un segundo nivel eran los directores y jefes de departamento “cuya función claramente atendía a las instrucciones de la operación de los recursos para su desvío, ese desvío en atención a dos grandes vertientes, la política y la patrimonialista, es decir, para incrementar su patrimonio personal, precisamente a costa de las arcas estatales”.
Por último estaba “el núcleo más cercano del exgobernador y, en muchos casos, de origen familiar o de la región de Parral y Balleza”.
Esta estructura descrita por la fiscalía coincide con la de la organización de Hidroponia de Parral, la empresa perdonada por el gobierno de la panista Maru Campos.
Por un lado está Alma Dalila Martínez Corrujedo, comadre del matrimonio Duarte Gómez y señalada como una pieza clave en el entramado de empresas constituidas por el gobernador para el desvío de dinero público, según consta en las acusaciones de la FGE.
Las autoridades han descrito cómo la mujer era la accionista principal de la financiera Unión de Crédito Progreso, que Duarte y sus socios querían convertir en banco, una acción que quedó pausada tras la detención de los primeros personajes involucrados en los casos de corrupción.
Para 2013, Martínez Corrujedo y otros socios cedieron sus acciones a Gómez Fong y a Carlos Hermosillo Arteaga, quien fuera titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento y director de Administración de la Secretaría de Hacienda y diputado federal durante la gestión de Duarte.
En la misma sesión, Hermosillo cedió la mayoría de sus acciones a Gómez Fong y una parte mínima a José Luis Martínez Estrada. Gracias a esa operación, la esposa de Duarte se convertía en la accionista mayoritaria y administradora única de Hidroponia de Parral.
Mientras era diputado federal, Hermosillo fue acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por la FGE, sin embargo, su muerte en 2017 debido a un accidente automovilístico detuvo los procedimientos en su contra.
La fiscalía chihuahuense identificó a Hermosillo Arteaga como el “operador más cercano” al exgobernador.
Como director general de Administración de Hacienda, Hermosillo (así como su sucesor, Gerardo Villegas Madriles) “decidían en coordinación directa con el exgobernador todo lo relativo a estas adquisiciones”, abundó la FGE en algunas de las órdenes de aprehensión giradas contra Duarte y revisadas por este medio.
De acuerdo con las investigaciones del gobierno chihuahuense, Duarte se jactaba de su jerarquía dentro de la estructura creada para su beneficio.
“El dueño de la tiendita soy yo”, repetía el exmandatario a sus subordinados cuando alguna de sus instrucciones era cuestionada.
Hidroponia de Parral fue plenamente identificada como una de las empresas que usó la red para la triangulación y el desvío de dinero público.
Unión Ganadera División del Norte (UGDN) y Financiera División del Norte fueron dos entes que recibieron recursos públicos y que posteriormente se usaron para favorecer a Duarte, indicaron los fiscales estatales en junio de 2022, durante la audiencia de formulación a proceso del exgobernador.
“Desde los depósitos que la UGDN y la Financiera recibieron del erario, se hicieron transferencia a las cuentas personales de Duarte, de su esposa y de empresas familiares, como Hidroponia de Parral SA de CV y Ganadera El Saucito, que está a nombre del matrimonio y de sus tres hijos, entre otras”, indicó una nota de la audiencia publicada en Proceso.
Desde agosto de 2020 pesa sobre Bertha Olga Gómez Fong al menos una orden de aprehensión girada por la justicia chihuahuense, aunque el gobierno de Javier Corral había anunciado la existencia de al menos otras dos investigaciones en su contra.
Cuestionada al respecto, la Fiscalía General del Estado se negó a informar sobre el número y estado de las órdenes de aprehensión (es decir, si permanecen vigentes y por qué no se han ejecutado), con el argumento de que se trata de asuntos que competen únicamente a las partes involucradas.
Negocio próspero… y señalado
En 2015, Hidroponia de Parral era una empresa boyante.
Ubicada en la carretera Parral-Durango, a las afueras de Parral, aunque ya perteneciente al municipio de Matamoros, la compañía contaba con una extensión de 13 hectáreas de siembra y con nueve invernaderos y era capaz de producir más de 23 mil toneladas de tomate fresco bola de calidad de exportación a Estados Unidos, con un valor comercial de 11.4 millones de dólares, según consta en los registros públicos de Avisos Automáticos de Tomate Fresco de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), correspondientes a 2015.
La empresa contaba con permisos de exportación para sí misma y para vender a Greenhouse Company de México SA de CV, una exportadora localizada en Celaya, Guanajuato, como consta en los mismos registros.
La mayoría de la producción -15 mil toneladas-, tenía como objetivo la venta a Greenhouse Company para exportación a Estados Unidos, mientras que Hidroponia de Parral contaba con el permiso de exportación de 7.7 mil toneladas.
Para 2016, último año del gobierno de Duarte, el volumen de exportación había disminuido a seis mil 782 toneladas de tomate, con un valor de 4.8 millones de dólares, de acuerdo con los registros de ese año.
En ese mismo año, un juzgado en Murcia, España, otorgó una orden de embargo en contra de César Duarte y de su esposa, Bertha Gómez, por un adeudo de cuatro millones de dólares con la empresa española ACM Invernaderos, propiedad de Ángel Cano Martínez.
El empresario acusaba que la pareja pretendía pagar la deuda con dinero público, lo que había motivado la denuncia ante la justicia española, como recogieron medios de comunicación en aquel momento.
Entre los bienes a embargar estaba Hidroponia de Parral SA de CV.
El 28 de marzo de 2022, es decir, luego de la cancelación de las deudas fiscales, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua avisó a través de un edicto que iniciaba un proceso de extinción de dominio en contra de varias propiedades de Duarte y su esposa, entre ellas, Hidroponia de Parral.
La FGE tampoco quiso informar sobre el avance de este procedimiento, con el argumento de que se trata de información reservada, ello a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua establece en la fracción II del artículo 126 que no se puede invocar el carácter de reserva cuando “se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”.
El equipo legal de Duarte dijo no tener comentario alguno sobre este juicio de extinción de dominio.
A inicios de septiembre de 2021, a unas horas de que terminara el gobierno de Corral, la FGE se desistió de la extinción de dominio de 10 propiedades que habían sido incautadas a Duarte.
Millonaria pero insolvente
Aunque Hidroponia de Parral vendía miles de toneladas que valían decenas de millones de dólares, para 2022 la empresa fue considerada insolvente por el Gobierno de Chihuahua, que determinó la cancelación de sus deudas fiscales.
La legislación vigente indica que Hacienda estatal puede cancelar los créditos fiscales si se cumple alguno de los siguientes supuestos:
1) Cuando el cobro es incosteable, es decir, que el costo de la recuperación del adeudo es más alto que el monto que se debe, cuando el importe es inferior a 200 Unidades de Inversión (UDIS), o cuando el importe sea inferior o igual a 80 mil pesos y que el costo de recuperación rebase el 75 por ciento del importe del crédito.
2) Cuando el deudor o los responsables solidarios son insolventes, o sea, no hay bienes embargables suficientes para cubrir el crédito.
3) Cuando el deudor no se pueda localizar y no se conozcan bienes que puedan ser objeto de embargo.
4) O bien, cuando el deudor haya fallecido y no haya dejado bienes.
La cancelación, según el Reglamento del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, solamente puede ser autorizada por el titular de la Secretaría de Hacienda o por quien presida la unidad administrativa, si se le han delegado tales responsabilidades y no requiere de una solicitud de la persona física o moral, es decir, se trata de una prerrogativa exclusiva de las autoridades.
Además, en todos los casos debe iniciarse un Procedimiento Administrativo de Ejecución para comprobar que el deudor no cuenta con bienes susceptibles de embargo.
Rolando Silva Briseño, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos explicó las consecuencias de las cancelaciones de créditos fiscales.
Aunque formalmente se mantienen las deudas, una cancelación implica que las autoridades fiscales dejan de ejercer acciones para cobrar, es decir, no se persigue más el pago.
El gobierno federal ha afirmado que cuando se detectan bienes de un deudor que ha recibido alguna cancelación, se continúa con el proceso de cobro.
Para Silva, estas acciones suelen tener un efecto que premia a los contribuyentes morosos.
“Cuando se condonan (los créditos fiscales) se genera un efecto y es que se premia al que paga tarde, se está premiando la morosidad de los contribuyentes, esto nunca ha sido correcto y era una práctica que se suponía en el pasado”, dijo en entrevista.
El especialista aseguró que aunque a nivel federal se han acotado las condonaciones y cancelaciones fiscales, en las entidades todavía no se han armonizado las legislaciones.
La Secretaría de Hacienda de Chihuahua respondió a través de su vocera, Dalia Pineda, que esta cancelación era solo un “término de transparencia”.
“Un crédito cancelado no significa que no se vaya a cobrar, que no se haya cobrado o que no se esté investigando. Es un término técnico que se utiliza en el término de transparencia para darle un estatus a una situación”, dijo Pineda al ser cuestionada sobre el tema.
La portavoz no respondió a la pregunta de si Hacienda revisa el estatus legal de las empresas que reciben condonaciones y cancelaciones, ni porqué se hizo la operación a una empresa involucrada en el desvío de recursos públicos dentro de uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años.
Si bien los impuestos perdonados son de naturaleza federal, el ente que determinó la medida fue el gobierno chihuahuense, que está facultado legalmente para ello gracias al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chihuahua en 2015.
A través de una solicitud de información realizada para esta investigación, la Dirección de Política Hacendaria de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua explicó que gracias a este acuerdo puede cancelar adeudos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Impuesto Empresarial a la Tasa Única (IETU), Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), además de multas federales.
Fue bajo el amparo de ese convenio que, casi apenas empezada la administración panista de Maru Campos, se avaló la millonaria cancelación, que además fue la más alta registrada en todo 2022, como se aprecia en los archivos del registro oficial de contribuyentes, elaborado por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, quien debe informar cada trimestre de estas operaciones.
Cuestionado sobre el impacto de estas cancelaciones a las arcas públicas, el Servicio de Administración Tributaria (el ente que a nivel federal se encarga de la recaudación fiscal) no respondió a un cuestionario enviado a través de la vocería, desde febrero con motivo de esta investigación.
Maru y ‘el Jefe’
Antes de asumir la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia ‘Maru’ Campos Galván fue investigada por su presunta participación en un esquema conocido como la “nómina secreta”, a través del cual César Duarte entregaba dinero público a políticos, líderes religiosos y empresariales, periodistas y otros personajes de Chihuahua.
El político panista César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua y uno de los personajes más cercanos a la gobernadora Maru Campos, reconoció en 2019 que, en efecto, Duarte entregaba dinero al grupo parlamentario del PAN, del que era coordinador.
En la declaración ministerial que brindó Jáuregui en ese año, y cuyas partes fueron publicadas por El País, el político señaló que era Maru Campos la persona encargada de recoger el dinero en su calidad de diputada local y vicecoordinadora del PAN en el Congreso de Chihuahua
“Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del grupo parlamentario, que me apoyara tanto en los trabajos de apoyo social, como en la representación de la coordinación a mi cargo, a efecto de que facilitara la recepción de los recursos que el Ejecutivo del Estado debía dar a través del órgano hacendario de referencia. La entrega de dicho recurso por parte del poder Ejecutivo era sistemática, mensual y regular […]. Cada vez que la Licenciada Campos Galván acudía ante la Secretaría de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, debía firmar el recibo de entrega que se le requería para la recepción del numerario”, dijo Jáuregui, de acuerdo con el reportaje del diario español.
El dinero, argumentó entonces Jáuregui, era entregado como parte de los “apoyos” que daba el Ejecutivo al Congreso local.
En las audiencias celebradas como parte de la investigación también se ventiló que por orden de Duarte se pagaba la tarjeta de crédito de la ahora gobernadora.
De acuerdo con el exgobernador de Chihuahua Javier Corral, el grupo panista de Campos y Jáuregui se refería a Duarte como ‘El Jefe’.
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Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists.
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