Desmiente Maru a Gilberto Loya: Operativo en Doxa no fue por riña

Parral, Chihuahua – La mañana de este domingo, la gobernadora Maru Campos contradijo al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, respecto a la razón del reciente operativo en el Centro de rehabilitación Doxa.

Mientras Loya dijo que los agentes estatales acudieron al lugar debido a un reporte de riña, Campos aseguró que el operativo se llevó a cabo porque se sospechaba que los internos podrían ser utilizados como “grupo de choque” en Parral.

Esta contradicción generó una controversia significativa, evidenciando descoordinaciones dentro de la administración estatal. La declaración de la gobernadora ha sido criticada por violar la presunción de inocencia de los internos del centro de rehabilitación, ya que su detención se basó en un delito presunto que aún no había ocurrido y del cual no existen pruebas.

El operativo tuvo lugar el pasado viernes por la noche, cuando al menos 15 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sitiaron el centro Doxa, ubicado en la colonia Héroes de la Revolución. Los agentes ingresaron sin ninguna orden de cateo o documento que validara la legalidad y detuvieron a todos los internos.

Según denuncias de los directivos del centro, los uniformados sustrajeron los discos de almacenamiento de las cámaras de seguridad y agredieron físicamente a varios internos sin motivo aparente.

La población de Parral ha expresado su preocupación por el despliegue policial inusualmente grande, que incluye drones, helicópteros y numerosas patrullas. Esta intensa presencia de fuerzas de seguridad ha generado temor y zozobra sobre cómo se desarrollará la jornada electoral.

El operativo y las declaraciones contradictorias entre la gobernadora y el Secretario de Seguridad Pública han puesto en el centro de atención la gestión de la seguridad en el estado. Mientras tanto, los ciudadanos de Parral esperan una aclaración clara y coherente sobre los verdaderos motivos detrás de estas acciones y garantías de que sus derechos serán respetados.

Las denuncias de abuso y la posible manipulación de evidencias plantean serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Las autoridades estatales deben responder de manera transparente y justa para restaurar la confianza de la población en sus instituciones.